¿Y si la crisis del Coronavirus me obliga a declarar Concurso de Acreedores?

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
interrumpe el plazo fijado en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal para solicitar la declaración de concurso.

¿Qué significa esto?

Que mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de
concurso.
Así las cosas, hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de
concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses.

Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado
competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo
extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado
quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

De este modo se paraliza el plazo de dos meses para presentar concurso voluntario desde la situación insolvencia, actual o inminente, lo que resulta por
otro lado lógico a la vista de las restricciones que el coronavirus nos impone a todos.

¿Cuándo puedo entender que estoy en situación de concurso?

La ley Concursal enumera los hechos considerados como indicios de insolvencia para que tanto el deudor como sus acreedores puedan solicitar la
declaración de concurso y que son:

1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.

3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor. 

4.º El incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago tributarias, de cuotas de la Seguridad Social durante los 3 meses anteriores a la solicitud de concurso; así como las de pago de salarios, indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.

En este inicio de 2020 las declaraciones de concurso de empresas españolas se incrementaron notablemente por lo que, a la vista de la excepcional
situación que atravesamos, es previsible que se multipliquen de forma exponencial una vez finalice el estado de alarma.

La FIRMA LEGAL como expertos en procedimientos concursales, tanto de personas físicas como jurídicas, recomendamos a nuestros clientes que nos consulten ante los primeros síntomas de insolvencia o dificultad en el pago de sus obligaciones ordinarias para poder tomar todas las medidas precisas y solventar la situación antes de que pudiera agravarse con consecuencias irreversibles.

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